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Las empresas que hacen uso de los esquemas de subcontratación de personal tienen un impacto trascendente en la del empleo de más de 4.5 millones de trabajadores. Por eso, para prevenir escenarios negativos y colocarse en una posición que les evite ser penalizadas, las empresas han tomado acciones antes de que sea aprobada la iniciativa.

1. PTU

En diciembre pasado se acordó discutir un tope en la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU). 

En conjunto, el sector privado y el gobierno han llegado al acuerdo preliminar de un tope de 3 meses de sueldo y la generación promedio de un reparto de 57 días de sueldo; la media representaría $18,557.00.

Pero, ¿Cómo garantizar un número de días promedio de sueldo a pagar por este concepto? La PTU es consecuencia de las utilidades que generan los patrones. En este sentido, es difícil conocer los montos  con precisión hasta que las empresas o personas físicas elaboren su declaración anual de ISR, en la que determinan el monto a repartir a sus trabajadores. Por lo tanto, la operatividad óptima del acuerdo no es clara.

2. Nuevas empresas y patrones

Un gran número de empresas que desde hace años utilizaban los esquemas de outsourcing e insourcing, han cambiado al esquema tradicional de contratación. Esto ha implicando la constitución de nuevas empresas y la obtención de nuevos registros patronales.

3. Especialización

Por otro lado, se están constituyendo empresas con actividades especializadas, ya que estas serán las únicas permitidas para prestar el servicio de subcontratación de personal, de acuerdo a la redacción de la iniciativa propuesta.

No cabe duda que seguirán generándose acuerdos para llevar a cabo esta reforma al outsourcing, cuyo objetivo principal es terminar con la evasión fiscal, asegurar que se otorguen las prestaciones laborales y de seguridad social a los trabajadores y eliminar el esquema de “outsourcing malo”.

Sin embargo, es justo mencionar que un gran número de empresas dedicadas a la subcontratación de personal, que cumplen cabalmente con sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social, se verán afectadas. 

Se calcula que a la fecha se han perdido más de un millón de empleos formales debido a los efectos de la pandemia en la economía. Por consiguiente, se percibe que los cambios regulatorios en materia de subcontratación puedan agravar este escenario.

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